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JUN

17

2021

JUZGADO 24 HORAS

El Tribunal Supremo anula, a petición del Colegio de Córdoba, el protocolo de conducción de detenidos al juzgado de guardia 24 horas


Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta Sentencia núm. 838/2021 - Descarga


El Tribunal Supremo anula el protocolo de conducción de detenidos al Juzgado de Guardia 24 horas de Córdoba, al estimar estima el recurso del Colegio de Abogados de Córdoba, que consideraba que, al establecer dos turnos diarios preestablecidos para traslados de detenidos al Juzgado de Guardia 24 horas de Córdoba, se producía una dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad judicial que era contraria al artículo 17 de la Constitución,


NOTA DE PRENSA

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados valora de forma muy positiva la sentencia del Tribunal Supremo que anula el protocolo de traslado de detenidos al Juzgado de Guardia

El Decano ofrece su colaboración a las instituciones implicadas para aunar esfuerzos y solicitar los medios materiales y personales que garanticen la inmediata puesta a disposición judicial de las personas detenidas

18/6/2021.- Como no puede ser de otra forma, el Decano del Colegio de Abogados de Córdoba, Carlos Arias, ha valorado de forma muy positiva la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Protocolo de Conducción de Detenidos al Juzgado de Guardia de Córdoba, ya que confirma el planteamiento de la Abogacía Cordobesa que consideraba que, al establecer dos turnos diarios preestablecidos para dichos traslados, en algunos casos, se podría producir una dilación indebida en la puesta a disposición judicial de los detenidos, contraria al artículo 17.2 de la Constitución, al permanecer estos en detención gubernativa más allá del tiempo indispensable para efectuar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

“La sentencia impone la lógica y confirma que la previsión de un traslado a una hora predeterminada establecida en un protocolo no es compatible con la garantía constitucional de la libertad, bastando el estricto cumplimiento de lo regulado al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referente al plazo máximo relativo de detención, así como lo establecido por el Tribunal Constitucional al interpretar el artículo 17.2 de la Constitución”, asegura Carlos Arias.

En este sentido, el Decano y la Junta de Gobierno de la Abogacía de Córdoba consideran que, a priori, no es necesaria la existencia de un protocolo específico para el traslado de detenidos, sino que bastaría con el estricto cumplimiento de la Ley. No obstante, se muestran favorables a participar de cualquier iniciativa en orden a una adecuada organización de los traslados de detenidos para su puesta a disposición judicial, tanto en Córdoba capital como en los juzgados de la provincia.

Ante ello, el Decano afirma que “siendo conscientes de que para el cumplimiento de la ley son necesarios más medios materiales y personales, tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en los Juzgados de Guardia, así como que la Junta de Andalucía incremente el número de abogados de guardia, nuestro Colegio se pone a disposición de todas las instituciones implicadas para aunar esfuerzos ante quien corresponda, a fin de solicitar una dotación adecuada que garantice la inmediata puesta a disposición judicial de las personas detenidas una vez finalizadas las correspondientes diligencias de investigación”.

También destaca Carlos Arias que esta sentencia, además, “es importante porque legitima al Colegio de Abogados no solo para recurrir este protocolo, sino también para participar en cualquier regulación o acto de los poderes públicos que afecte de manera relevante a la labor profesional de los abogados”.

En este caso concreto, el Supremo indica que el protocolo que afecta al traslado de los detenidos para su puesta a disposición judicial tiene una incidencia clara y relevante sobre la asistencia jurídica que los abogados han de prestar a sus defendidos, y no solamente en relación con la asistencia jurídica gratuita o de oficio. “Todo ello implica que cualquier decisión que se adopte y que afecte a la asistencia a personas detenidas, debe contar necesariamente con la opinión del Colegio de Abogados”, asegura Carlos Arias.


La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el Protocolo de conducción de detenidos al Juzgado de Guardia de Córdoba, aprobado y suscrito el 27 de junio de 2019 por representantes de la judicatura, la fiscalía y los cuerpos y fuerzas de seguridad, al estimar un recurso de Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba que consideraba que, al establecer dos turnos diarios preestablecidos para dichos traslados, se producía una dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad judicial que era contraria al artículo 17 de la Constitución. También se anula el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 21 de noviembre de 2019, que desestimó el recurso de alzada contra dicho Protocolo.

El Supremo da la razón al Colegio de Abogados recurrente, que entendía que el referido protocolo era contrario al artículo 17.2 de la Constitución, al suponer una dilación indebida en la puesta a disposición judicial de los detenidos, que permanecían en detención gubernativa más allá del tiempo indispensable para efectuar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

El Protocolo señalaba que “las conducciones de detenidos para su puesta a disposición ante el Juzgado de guardia se efectuarán en dos turnos. El primero de ellos a las 10:30 horas y el segundo a las 18:30 horas. Todo ello, sin perjuicio de que las circunstancias del caso o el respeto a la legalidad, aconsejen o impongan la presentación de los detenidos, a disposición del Juzgado de Guardia, fuera de las horas antes mencionadas y sin ajustarse a los turnos establecidos. En estos supuestos, se establecerá un cauce de comunicación directa, entre la Fuerza Actuante y el Juzgado de Guardia, para coordinar el orden y el momento de las presentaciones.»

El Supremo destaca que una previsión organizativa pensada para organizar los traslados diarios de detenidos al juzgado de guardia y que conlleva, o puede hacerlo, una prolongación de la detención gubernativa más allá de dicho límite relativo, no es compatible con la garantía constitucional de la libertad. “La previsión de un traslado a una hora predeterminada no es razón que pueda justificar la prolongación de la detención más allá de lo expresamente previsto por la Constitución, el tiempo imprescindible para las averiguaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, señala la sentencia.

Agrega que el protocolo prevé que el traslado en turnos preestablecidos se ha de aplicar salvo que «las circunstancias del caso» o «el respeto a la legalidad» aconsejen o impongan la presentación de los detenidos a disposición del Juzgado de Guardia fuera de las horas antes mencionadas.

“Pues bien –indica el Supremo–, como ya se ha anticipado, lo que ocurre precisamente es que existe una imperativa razón de legalidad constitucional que impone la presentación de los detenidos al órgano judicial tan pronto como han acabado «las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos», puesto que la detención no puede durar más tiempo que el necesario para realizarlas. Por tanto, el texto del protocolo no pasa de ser una ficción terminológica para permitir lo que la Constitución excluye, y es que la detención dure más que el tiempo citado. O dicho en breve, la Constitución impone una razón que obliga a no esperar a un turno preestablecido de reparto para proceder a la entrega al órgano judicial de los detenidos respecto a los que las fuerzas de seguridad no tienen ya que practicar ninguna diligencia de investigación, de forma que la posibilidad de que eventualmente se produzca un traslado fuera de los turnos no evita que lo que el protocolo determina como regla ordinaria, en contra de la expresa garantía constitucional, es la espera a tales turnos”.

Por otra parte, añade que “no se puede desconocer que tales protocolos conllevan inevitablemente la práctica de una aplicación pura y simple de los traslados preestablecidos, y que sólo en casos excepcionales se producen entregas de detenidos a los juzgados de guardia fuera de ellos”.